martes, 17 de noviembre de 2015

Acusan a seis magistrados de manipular procesos judiciales.



El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso ayer la suspensión sin disfrute de sueldo y la remisión a juicio disciplinario de tres jueces y suspendió a otros dos, luego de la denuncia presentada por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien les acusa de manipular procesos y negociar la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

El referido consejo presidido por el también presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dispuso la suspensión sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de los magistrados José Dionicio Duvergé Mejía, juez del Quinto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo; Rosó Vallejo Espinosa, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, y Víctor Mejía Lebrón, también de la Corte de Apelación de la misma jurisdicción.

Asimismo, el consejo integrado además por Dulce Rodríguez de Goris, Samuel Arias Arzeno y Elías Santini Perra, reunido en sección ordinaria dispuso la suspensión de la magistrada Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional y del magistrado Delio Germán Figueroa, en ocasión de la denuncia presentada en su contra por el procurador Domínguez Brito, donde también vinculó al titular del Consejo del Poder Judicial y exjuez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, Francisco Arias Valera, quien renunció el pasado jueves.

Mediante acta 47/2015, el referido consejo establece que la suspensión de los magistrados Duvergé Mejía, Vallejo Espinosa y Mejía Lebrón, se produce como consecuencia del informe que había realizado Inspectoría General del Poder Judicial, en el caso penal seguido a Julio Alfredo Rondón Abreu.

La intervención del Consejo se produce luego de que el Procurador dirigiera una instancia pidiendo investigar la estructura conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares, quienes presuntamente tenían una estructura a lo interno del Poder Judicial.

De acuerdo a Domínguez Brito, esos jueces incurrieron en graves irregularidades e incompatibilidades en el conocimiento de varios casos, todos concernientes al uso de su investidura para hacer ilícitamente riquezas, teniendo como fuentes generadoras conductas contrarias a las normas jurídicas y sociales.