Un juez de la provincia Santo Domingo emitió dos órdenes de allanamientos, a solicitud del ministerio público, contra dos laboratorios clínicos que operan en esa jurisdicción, en el marco de las investigaciones sobre la desaparición de la niña Carla Massiel Cabrera Reyes.
Hace cinco días que los investigadores intervinieron con una orden de allanamiento, y posterior cierre, que luego fue levantado, a tres clínicas ubicadas en el municipio Santo Domingo Este, relacionadas con el caso de la pequeña desaparecida.
La investigación que realiza el ministerio público en torno al caso de la menor Carla Massiel, en virtud de la cual llegó a intervenir tres centros médicos de la zona oriental, se dirigen ahora a los dos laboratorios clínicos que funcionan en la provincia Santo Domingo.
Una fuente cercana a la investigación informó ayer a la Prensa que el pasado sábado la fiscalía de la provincia Santo Domingo solicitó a un juez de esa jurisdicción dos órdenes de allanamientos para ser ejecutadas en los dos laboratorios.
Empero, la fuente no quiso revelar los nombres de estos recintos, para no entorpecer las pesquisas, hasta tanto la Fiscalía que preside Olga Diná Llaverías no los ejecute.
El pasado miércoles fueron intervenidas tres clínicas pertenecientes al Grupo Médico Integral, ubicadas en Villa Duarte, la Carretera Mella y la Sabana Larga, con relación al caso de la niña Carla Massiel Cabrera, quien desapareció el 25 de junio de 2015, en la comunidad Los García, ubicada en Pedro Brand.
Empero, la medida fue dejada sin efecto por la Procuraduría General de la República, tras haber dado por culminadas las investigaciones que realizó el ministerio público, a través de la Fiscalía de Santo Domingo.
Las ordenes de allanamientos de los centros médicos emitidas por un tribunal de la provincia Santo Domingo estuvo sustentada bajo la sospecha de violación a los artículos de las leyes sobre regulación de órganos, Lavado de Activos y Trata de Personas, así como por el ultraje a la Ley General de la Salud y el Código del Menor.
La orden judicial especifica que tiene como finalidad la búsqueda de documentos, medicamentos, objetos o instrumentos; así como cualquier evidencia que se recolecte en el establecimiento por presuntamente violar los artículos 265, 266, 59, 60, 295 y 296 de la Ley 72-02 del Código Penal Dominicano. Asimismo, la violación a los artículos 1, 3 y 7 de la Ley 137-03.
El documento resalta que la parte investigada ha violado, aparentemente, los artículos 9, 10, 11, 20, 21, 22, 110 y 405 de la Ley 329-98 de Regulación de órganos; la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 136-03, en perjuicio “de la menor de edad C.M.C.P (siglas que coinciden con el nombre de Carla Massiel Cabrera Pérez) y del Estado dominicano”.
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