El intrincado debate sobre la proliferación de armas de fuego, su porte y tenencia ilícito; el desarme, el curso del proyecto de Ley de Armas, ahora en el Congreso; y el endoso de una cifra alarmante de 20,445 homicidios ocurridos durante los últimos 15 años, forman un cuadro de elementos clave que podrían marcar este año el destino de la seguridad ciudadana, bajo la que se cobijan los afanes de convivencia de la población.
Del desenlace de la discusión de estos temas depende la paz de las familias dominicanas.
El tema sigue acaparando el interés público, y un colectivo abarcador de segmentos sociales sigue firme en sus reclamos por acabar con un fenómeno que cada día, según las estadísticas, aumenta el número de víctimas fatales.
Las confesiones de miedo a caer víctimas del crimen o el ataque de asalto de malhechores son incesantes en la población, algo que el gobierno parece decidido a revertir en convivencia social a través de un plan que implica la presencia combinada de militares y policías, que ya están desplegados en barrios y sectores residenciales.
Ante manifestaciones de presión por medio de denuncias constantes de vecindarios castigados por bandas organizadas de criminales y bandidos que atropellan, matan y asaltan a plena luz del día, las autoridades afirman estar respondiendo con acciones de las que en algunos lugares los vecinos lo admiten y otros lo cuestionan.
Las vecindades diseminadas en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y el resto de las provincias del país, han advertido, durante muchos años, sobre el estado de riesgo que transitan sus vidas, bajo miedo o desconfianza en las instituciones del Estado, de las que critican su bajo rendimiento en la lucha contra el flagelo.
Colocada entre la encrucijada de luchar, huir o resignarse a morir, tres vías de respuestas inevitables ante una posibilidad de daño, ataque o amenaza a sus vidas, los ciudadanos buscan la mejor forma de sobrevivir ante las amenazas de la delincuencia.
El cansancio por los crímenes, robos y asaltos callejeros en residencias, escuelas, iglesias, centros comerciales y otros tantos negocios, ha desfigurado las formas de vida y armonía de las familias en los asentamientos humanos.
Mientras tanto, el gobierno afirma estar siguiendo con atención los movimientos de la delincuencia en todo el territorio a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado mediante el decreto 358-12 y activado en julio de 2014, con el fin de “recabar, consolidar, procesar y analizar información delictual del país, con la finalidad de orientar y apoyar acciones y políticas de prevención, reducción y control de la criminalidad y la violencia”.
La espera de la gente por acciones definitivas para recuperar los espacios despojados por la delincuencia, que se impone con la violencia del poder de fuego de sus armas, desde cortas hasta fusiles de combate militar, pasa de emociones a angustia al observar retrasos en los planes para una solución. Desde el alma de los hogares de familias, los centros de trabajo, los negocios, pasillos de oficinas, las vías públicas, foros públicos y actos masivos, los ciudadanos discuten el tema y muestran interés por ayudar a recomponer el tejido social destruido por una delincuencia que amenaza con expandirse y aumentar el miedo y la criminalidad.
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