La evidente desigualdad que existe entre Estados Unidos y República Dominicana con el tratado de extradición entre ambos países, firmado en el 1910, ha desatado una polémica, a propósito de la conjeturada puesta en libertad del excapitán del Ejército Nacional Quirino Ernesto Paulino Castillo, apresado en el 2004, acusado de ser el dueño de un cargamento de 1,387 kilos de cocaína interceptado en la autopista Duarte.
Respecto a esto, las autoridades dominicanas se muestran parcas para abordar el tema, evidencia de ello fue la actitud del ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, quien rehusó referirse al caso alegando que el tema no es de su competencia, sino del departamento de justicia norteamericano.
El funcionario explicó que existen leyes y acuerdos establecidos entre las naciones los cuales deben de ser respetados.
Ante el debate el gobierno de los Estados Unidos manifestó su intención de modificar el convenio, como lo informó la directora de asuntos internacionales y de extradición de la Procuraduría General de la República, Gisela Cueto.
La funcionaria explicó que las jurisdicciones norteamericanas han sugerido la necesidad de una revisión de ese instrumento internacional.
Entre los puntos que pudieran ser objeto de modificación están los atinentes al juicio, la distribución de bienes incautados, específicamente cuando se trata del crimen organizado y narcotráfico.
La noticia fue bien acogida por legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes coincidieron en señalar que el tratado de extradición debe ser ajustado a la realidad, por lo que saludaron que esa nación esté interesada en su revisión.
Los senadores Rafael Calderón, Luis René Canaán y Tommy Galán entienden que ese convenio tiene más 100 años, por lo que apoyaron la necesidad de una posible actualización, para que sea ajustado a la nueva realidad.
Los legisladores señalaron que ese tratado tiene aspectos que están fuera de contexto y que no se corresponden con los nuevos tiempos, pues ha transcurrido el periodo suficiente para ser revisado, ya que el crimen y el delito evolucionan de manera constante.
El senador Tommy Galán recordó que cuando Estados Unidos juzga o condena a un acusado, lo hace en función de sus propios intereses y que la República Dominicana debe procurar defender lo suyo.
Tratado de extradición
Un artículo publicado por el periodista Pastor Vásquez en el 2009, expresa que en el párrafo II de este tratado se estipula las infracciones de Estados Unidos, por las cuales se entregarán a los fugitivos que se refugien en uno u otro Estado.
“Podemos citar entre esas infracciones el asesinato, violación, aborto, comercio carnal con menores de doce años, bigamia, incendio, piratería, entre otras”, indica el autor.
De acuerdo a lo publicado por el periodista, para la época en que se firmó la alianza no existía el delito de Tráfico Ilícito de estupefacientes, con la dimensión que ha adquirido en estos días.
“El tratado entonces se suple de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Controladas, de 1988, y ratificada por este país en 1993.
“Los capítulos del 6 al 11 complementan todos los aspectos sobre la extradición por el crimen de tráfico ilícito de drogas narcóticas”.
Añade Vásquez que este artículo facultaba al Poder Ejecutivo para entregar a los extraditables, pero el Código Procesal Penal, en su acápite 162, otorgó esa facultad a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Ahora la persona pedida en extradición tiene la facultad de defenderse en un juicio abierto frente a los jueces de la SCJ.
“Así la jurisprudencia ha venido a enriquecer este tema, supliendo los huecos que naturalmente surgen en todas situaciones jurídicas. Por ejemplo, ha sido criterio constante del máximo tribunal de que no debe haber duda con la identidad de la persona pedida en extradición (Sentencia No. 11, del ocho de abril del 2005).
“Otro aspecto que la SCJ ha definido es que la solicitud de extradición esté sustentada en un hecho criminal, por lo que no se puede pedir a una persona en extradición por una simple contravención”.
Otra de las versiones que se escuchan en estos días es que el excapitán Quirino Ernesto Paulino Castillo tiene la intención de regresar a República Dominicana, tras, supuestamente, haber sido puesto en libertad en los Estados Unidos, tras haber cumplido 10 años de prisión por los cargos de lavado y narcotráfico internacional, y habérsele incautado bienes millonarios.
Freddy Castillo, abogado en el país de Quirino, confirmó la libertad de del implicado y dijo que la decisión fue adoptada por la jueza Kimba Wood, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Añadió que la magistrada le otorgó la categoría de “prisión cumplida”.
El jurista explicó que se utilizó el procedimiento normal de los Estados Unidos, donde éste aceptó su culpabilidad y ofreció además colaboración.
El excapitán fue presentado por primera vez en el tribunal ante el juez Douglas F. Eaton y el caso pasó a la magistrada Kimba M. Wood el 22 de febrero del 2005, con el expediente marcado con la ficha 04cr.1353.
La información no confirmada por las autoridades estadounidenses ni las dominicanas, fue ratificada por un hijo de Paulino Castillo y por periodistas criollos residentes en Estados Unidos.
El vástago del imputado explicó que ciertamente la jueza Kimba Wood puso en libertad a Paulino Castillo, pero sostuvo que hasta el momento no se conocen más detalles de las condiciones bajo las cuales se otorgó la excarcelación.
Los vinculados con el expediente de Quirino Ernesto Paulino Castillo son: Ramón Pérez Ferreras, Juan Cruz Crisóstomo, Richard Peña Mejía, el coronel Lidio Nin Terrero, Tirso Cuevas Nin, José Abel Burdíez, Faustino Peroso, Federico Miranda Hernández, José Ortega de León, Marcos Taveras Jiménez, Luis Eduardo Cordero Rodríguez (Eduardito), Bladimir García Jiménez, Fátima Henríquez Díaz, los mellizos Luis David y Jean Paul Ulloa, y Juan Samuel Rodríguez Cordero.
Mientras tanto, en Elías Piña ya se ha formado un movimiento que busca llevar como senador de la República al llamado "Don".
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