Nueva York.- Dos mil dominicanos presos en diferentes cárceles de Estados Unidos están en vías de deportación en los próximos meses, informaron autoridades del consulado general dominicano en esta ciudad a la revista “La Voz del Periodista”, que en su última edición destaca el hecho, bajo la firma de los comunicadores Darío Abreu y Alejandro Almánzar, actuales directivos de la filial-NY del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
“La Voz del Periodista-NY” expresa que dominicanos con categorías de ciudadanos estadounidenses han sido deportados, viéndose las autoridades obligadas a echar hacia atrás esas decisiones.
Sostienen los versados periodistas, que analizaron durante los últimos cinco años de criollos deportados hacia el territorio nacional, y pudieron determinar que alrededor de 20 mil ex convictos fueron expatriados.
Manifiestan que la noticia sobre el particular no es halagüeña, si se parte de la cantidad de presos que todavía aguardan en cárceles por la decisión de un juez, sobre su permanencia o no en Estados Unidos.
Precisan que la República Dominicana se beneficia con remeses de sus connacionales que viven en territorios norteamericano, pero no caben dudas, del problema que le representa la deportación masiva de dominicanos en conflictos con la Ley, pues aunque en menor grado, contribuye con el clima de inseguridad en el país caribeño.
Añaden que otro fenómeno no menos importante es, que esas deportaciones generan la separación familiar, pues muchos de los jóvenes repatriados dejan hijos y esposas, y algunos no tienen parientes cercanos en Dominicana, lo que hace aún más difícil readaptarse en el territorio nacional.
Plantean, “ojalá, y ambas naciones establezcan mejores acuerdos en torno a la inmigración y deportaciones, ya que nuestra sociedad no está preparada para lidiar con la conducta adquirida por estos en cárceles estatales o federales de EEUU, concluyeron.
La Agencia de Inmigración y Aduanas ICE, por medio de una aclaración publicada en su sitio web, ha indicado que revisará los casos de personas detenidas y en proceso de deportación, para determinar si califican para el nuevo programa DAPA o para el cierre administrativo de su caso por tratarse de migrantes cuya deportación ha sido definida como de “baja prioridad”.
