SANTO DOMINGO. La sesión de ayer del Senado se convirtió en un paredón para el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
Los cañones los alineó el senador Prim Pujals, quien con ayuda de varias diapositivas proyectadas en una gran pantalla detalló acusaciones de violación a la Constitución y leyes contra el jefe del Ministerio Público, al asegurar que está llevando a cabo un proyecto de proselitismo político que es incompatible con su cargo, e involucra a personal de la Procuraduría General.
De acuerdo con el representante de Samaná, Domínguez Brito ha infringido el artículo 172 de la Constitución, en su párrafo II, en el que se detalla que la función de Procurador, además de ser incompatible con otra función pública o privada, también dispone que mientras permanezca en el cargo, “tampoco podrán optar por ningún cargo electivo, ni participar en actividad política partidaria”.
También señaló que el proselitismo político del Procurador transgrede el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que establece el principio de apoliticidad. Además de los artículos 79 -que prohíbe integrar entidades que tengan carácter político-, 86 y 92, que disponen como falta grave la actividad política y la sanción de destitución por esta violación.
Pujals indicó también que el Procurador General habría violado los artículos 3 y 11 del Reglamento Disciplinario del MP, que reiteran la incompatibilidad del cargo con la actividad política. Así como el artículo 80 de la Ley de Función Pública, donde se prohíbe a los servidores públicos organizar y dirigir propaganda de naturaleza política partidaria.
