SANTIAGO. Los ladrones de La Barranquita, sin importar el color del partido al que pertenezcan deben enfrentar a la justicia, como forma de resarcir al Estado y al deporte de Santiago, lo que les han arrebatado.
La contundente afirmación sale de los labios del periodista Carlos Manuel Estrella, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), entidad que ha salido a respaldar la actitud de defender el patrimonio del complejo deportivo por parte del Ministerio de Deportes, llevando a la justicia a quienes pretenden robar terrenos del complejo.
Sin querer, Estrella ha tocado la parte sensible de la controversia, porque son los dirigentes políticos del partido de gobierno y otros grupos políticos, quienes están metidos de cabeza en las invasiones y robos de terreno en el complejo que albergó los XV juegos centroamericanos y del Caribe en 1986. El complejo fue ideado en el antiguo basurero de Santiago, como una ciudad satélite, habitada por personas que darían vida a las instalaciones, y dentro de su espacio sería edificada una villa para alojar atletas y formar la elite del deporte santiagués.
Todo ese sueño ha sido robado, al arrebatarle a la Barranquita casi la totalidad de sus terrenos expansivos.
“Alrededor de este complejo ha habido muchas vagabunderías, especialmente de dirigentes políticos, razón por la que nos solidarizamos con Jaime David Fernández Mirabal, conscientes de que él se la está jugando con gentes de su partido y de otras organizaciones”, dijo Estrella.
Precisó que espera que ahora el procurador Francisco Domínguez Brito, un nativo de Santiago, y por consiguiente conocedor de la situación meta el brazo” para corregir el asunto.
El pasado 2 de septiembre el Ministro de Deportes Fernández Mirabal entregó un expediente con las pruebas de que para robarle más de 100 mil metros cuadrados de terrero al complejo deportivo se han falsificado títulos, y se han formado grupos para apoderarse del patrimonio que representan estas instalaciones del Estado Dominicano.
El Procurador General de inmediato asignó el caso a la procuradora fiscal de Santiago, licenciada Luisa Liranzo, quien hoy al ser consultada por este diario no devolvió mensajes tanto en su cuanta de Twitter como de WhatsApp, por las cuales intercambia con la ciudadanía.
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