SANTIAGO.- El proyecto de Ley sometido a la Cámara de Diputados que busca convertir el barrio Cienfuegos en el municipio Santiago Oeste recibió hoy un amplio rechazo de sectores empresariales, legisladores, comunitarios y otras entidades representativas de esta ciudad.
El rechazo fue expresado en el marco del inicio del foro realizado en la sede de la gobernación provincial donde se recibieron y valoraron el conjunto de propuestas de división geográfica y política de la provincia de Santiago.
Entre los que se oponen a la nueva división territorial figura el alcalde de este municipio Gilberto Serulle, quien manifestó que un nuevo fraccionamiento de Santiago sería peligroso porque quitaría influencia a la provincia.
"Nosotros somos partidarios de la creación de los muni-cabildos, mediante la descentralización administrativa y política, sin que se fraccionen los municipios", expresó.
De su lado, el ex alcalde de Santiago Héctor Grullón Moronta advirtió que la creación de un municipio dentro de otro municipio es inconstitucional e ilegal.
"Lo que legalmente se puede es elevar un distrito municipal a municipio", manifestó Moronta.
De su lado, la presidenta de la Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), Lina García dijo que la división de Santiago no es la solución a las necesidades de las diferentes comunidades.
"Lo que se debe hacer es un plan de las necesidades que Cienfuegos necesita y trabajar juntos", indicó.
El proyecto de división territorial también fue rechazado por la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la empresaria Maria Victoria Minicucci.
"Santiago no necesita más divisiones, lo que se requiere es atender las necesidades de la gente y trabajar más y organizarnos", expresó Minicucci.
De su lado, los diputados Demóstenes Martínez y Magda Rodriguez advirtieron que cualquier división territorial debe ser sobre la base de un estudio, pero que Santiago no puede seguir fraccionándose desordenadamente.
El proyecto que busca elevar a Cienfuegos a Municipio fue sometido el 22 de octubre por los diputados Altagracia González del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Máximo Castro Silverio del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
El proyecto fue enviado a la comisión de asuntos municipales de la Cámara de Diputados cuyos integrantes deberán rendir un informe y determinar si convocarán a vistas públicas para conocer la iniciativa.
