El bachatero Anthony Santos fue citado para el próximo miércoles por la Fiscalía del Distrito Nacional. El músico deberá responder contra una demanda por supuesta violación a la ley de Derecho de Autor.
Domingo Antonio Santos Muñoz, nombre de pila del artista, deberá comparecer por ante el procurador fiscal Héctor Manuel Romero, adscrito a la Dirección de Investigación de Infracciones sobre Propiedad Intelectual y Alta Tecnología.
En contra del intérprete de "Voy pa'allá", interpuso una querella formal con constitución en actor civil Teodoro Rodríguez Pérez, quien alega que es el auténtico, legítimo, autor y real propietario de la obra musical titulada "Me quiero morir", según demuestra la certificación No. 0005445, de la Oficina Nacional de Derecho de Autor.
Manifiesta que la obra se la presentó al cantante y éste se interesó, al igual que la empresa RM Récords y Rafael Mañón, quienes inmediatamente la grabaron, pero Anthony Santos se la adjudicó como propia, "haciendo uso, lucro y abuso de la obra ajena".
Cree que el bachatero ha ejercido la mala fe en su caso, violando con todo rigor el derecho moral y patrimonial del creador de la obra, lo cual le ha generado pingues beneficios.
Como pruebas, presentó por ante la Fiscalía un certificado de registro, copias del CD "El balazo", de las letras originales, entre otros elementos.
Plantea que además de el hecho de grabar la canción, sin la anuencia, permiso o contrato con su autor, también mutiló la producción en gran parte, variando el texto original y ha procedido a registrar a su nombre la canción "Me quiero morir" en las sociedades de Gestión Colectiva de Música. El querellante solicita a la Fiscalía apoderar a un juez del expediente, solicitando la imposición de medidas de coerción de prisión preventiva, impedimento de salida o una garantía económica de RD$10 millones en efectivo en contra del bachateros Anthony Santos.
Asimismo, solicitar apertura a juicio en contra del imputado y en el tribunal de fondo perseguirá una condena de tres años de prisión correccional, el pago de una multa de 1,000 salarios mínimos y una indemnización de RD$8.4 millones a su favor.
Mientras que en contra de RM Récords y Rafael Mañón, perseguirá una reparación de daños por RD$4.1 millones, por ser la empresa que graba, usa y se beneficia del tema musical. Rodríguez Pérez, estima que la cuantía de los daños morales y materiales sufridos han sido evaluados por la suma de RD$12.4 millones.
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