Las autoridades especializadas en la lucha contra la corrupción están arreciando medidas para evitar la comisión de hechos contrarios a la ley, que pudieran poner en riesgo el patrimonio del Estado.
Por ello, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) citó a los alcaldes de Santiago, Gilberto Serulle, y de San Cristóbal, Raúl Ramón Mondesí Avelino, a fin de que declaren por presuntas irregularidades de acción penal pública cometidas durante sus gestiones.
Serulle deberá asistir el día lunes 20 de junio a las 10:00 a.m. y será interrogado por la titular del Pepca, Laura Guerrero Pelletier, en torno a supuestas irregularidades durante su gestión en el lapso comprendido desde el año 2010 hasta la fecha; mientras que el síndico de San Cristóbal, Raúl Mondesí, deberá acudir el día 21, martes, a las 10:00 a.m. para ofrecer detalles sobre presuntas irregularidades, desde junio de 2015 hasta la fecha.
Conflicto en Santiago por transición
La Comisión de Transición designada por el alcalde saliente de Santiago, Gilberto Serulle, calificó como temerarias las denuncias de irregularidades administrativas hechas por el equipo del síndico electo, Abel Martínez.
Mediante un documento, Serulle atribuye las acusaciones a la falta de información provocada por el retraso en la estructuración de la comisión de transición integrada por la administración entrante y la saliente.
El pasado lunes, los encargados de la comisión de transición del alcalde electo Abel Martínez, decidió retirarse tras denunciar una serie de irregularidades de personas cercanas a Serulle, que van desde vender solares, repartirse espacios en mercados y hasta los cementerios.
En tanto, que el concejal del Partido de Acción Liberal (PAL), Domingo Ureña, calificó de criminal el hecho de que más de 4,200 empleados de esa dependencia edilicia quedaran, desde principio de este mes, desprotegidos del seguro médico.
Ureña manifestó que esta acción no es más que la situación de desorden en la que se encuentra la administración, ya que el dinero del pago a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), se descuenta de los pagos realizados al personal que labora en el cabildo, a los fijos y contratados.
El equipo de transición de Serulle dice que esta situación quedará subsanada tan pronto se formalice la representación del nuevo alcalde.
Indica que se mantiene a la espera de que el alcalde electo, Abel Martínez, oficialice la comisión que trabajará en el proceso de traspaso de mando para recibir las informaciones relacionadas con la marcha de la administración municipal y coordinar los temas pendientes, tal como lo dispone la Ley 176-07.
También, el presidente del equipo de transición del cabildo, Víctor Brens, explicó que los trabajos formales entre ambos grupos no se han iniciado porque el alcalde electo no ha identificado oficialmente a los comisionados.
Recordó que varios días después de finalizado el evento electoral, Serulle remitió a Abel Martínez una comunicación en la que le expresó sus congratulaciones por la victoria y le informó oficialmente la Comisión de Transición que de acuerdo a la ley trabajaría de la mano con las personas designadas por el alcalde electo.
Alcaldes deberán pagar sus deudas
Además, en el Distrito Nacional, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno y regidor, Waldys Taveras, advirtió ayer que los alcaldes que contrajeron deudas sin ser autorizadas por el Concejo de Regidores, y no puedan ser pagadas antes del 16 de agosto, deberán pagarlas con sus bienes.
Taveras remitió una comunicación al ministro de Hacienda, Simón Lizardo, y al director de Crédito Público, Magín Díaz, a fin de denunciar a las alcaldías que se han endeudado irracionalmente en abierta violación a las disposiciones de la Ley 176/07 de los Municipios y la Ley 6/06 crédito público.
“Han tomado préstamos y créditos sin tener la disponibilidad de fondos, sin opinión previa de los contralores municipales, ni autorización de los Concejos de Regidores y la Dirección de Crédito Público, por lo que no deben serles oponibles a los ayuntamientos”, denunció. Taveras recordó que el artículo 347 de la ley municipal, prohíbe que los alcaldes y demás funcionarios municipales autoricen gastos y contraigan obligaciones si no se dispone de las partidas presupuestarias.
Asimismo, aseveró que en el artículo 343 de dicha ley, se señala que no tendrán efecto ni validez jurídica los acuerdos que ordenen pagos o engendren obligaciones pecuniarias a cargo del municipio, si no se dispone de los fondos para su ejecución lo que ha sucedido en la mayoría de los ayuntamientos del país”, señaló.
Procurador llamó a evitar operaciones ilegales
El pasado 7 de junio, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó a los procuradores y fiscales de todo el país a los fines de que pongan atención a cualquier tipo de situación que se presente referente a venta de solares, áreas verdes y operaciones financieras no autorizadas, que pueden comprometer a las autoridades entrantes en cada uno de los cabildos. “Queremos advertir a los alcaldes y concejales que deben abstenerse de realizar una serie de operaciones que pueden colindar con la violación a la ley de los ayuntamientos y del Distrito Nacional. No podemos permitir ninguna ocupación de áreas verdes o cesión de las mismas, ni ningún tipo de operaciones”, expresó.
