miércoles, 30 de diciembre de 2015

Fiscal y General de Santiago se reune con propietarios negocios de Pueblo Nuevo, Ensanche Bolívar, El Ejido y Ensanche Bermudez.


Santiago. La fiscal Luisa Liranzo se reunió con dueños de discotecas con quienes trató temas relacionados a la seguridad de quienes visitan esos lugares. La reunión se produjo a tres días de que un pleito en el parqueo de la discoteca Tabú, del hotel Matum, de Santiago, dejara una persona muerta y varias heridas. La magistrada informó que con el encuentro se busca reforzar el cumplimiento de las normas en los centros de diversión en lo referente a la entrada de menores de edad, porte de armas de fuego y blancas, así como la seguridad en los parqueos para garantizar la integridad de los clientes.

“Básicamente esos fueron los puntos que tratamos y el compromiso es el mismo seguir dando cumplimiento a esas normas, por el buen funcionamiento de esos negocios y sobre todo el bienestar del público que visita esos lugares”, dijo a citysantiago.com

Mientras el Director Regional Cibao Central de la Policía Nacional, general de brigada, Neivis Pérez Sánchez, sostuvo hoy un encuentro con propietarios de negocios de expendio de bebidas alcohólicas, con el propósito de coordinar acciones preventivas, evitar que las aceras y contenes sean obstruidas. 

Dicha reunión se efectuó ayer en la sede principal de esta Dirección, donde asistieron dueños y representantes de algunos establecimientos comerciales que funcionan en los sectores El Ejido, Ensanche Bermúdez, Pueblo Nuevo y Ensanche Bolívar. 

El general Pérez Sánchez advirtió que será drástico en el cumplimento de la ley basada en las normas establecidas en la constitución de la República, exhortándole a los propietarios de los negocios Jengo Súper Fría, Oriól Café, Papo Billar, Súper Fría Cruz, colmado Campos y otros, que todo el que sea sorprendido violentando las disposiciones, será apresado y sometido a la acción de la justicia.

Precisó que las medidas adoptadas, buscan prevenir la ocurrencia de incidentes que pongan en peligro la vida de los ciudadanos y ciudadanas.