La Procuraduría General de la República solicitó prisión preventiva en contra de 11 de los implicados en el caso de la sustracción de 950 kilos de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), de un total de 25 personas contra quienes solicitó y fueron ejecutadas órdenes de arresto.
La solicitud de medida de coerción incluye al director de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de Operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y los fiscales adjuntos de la provincia Santo Domingo, Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro.
También el mayor Rudy José Japa Álvarez, mayor Luciano Gómez Cabrera, teniente Bárbaro Torrez Beltrán, sargento mayor Antolín de los Santos, sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidirys García Miranda.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, explicó en una conferencia de prensa los pormenores de las investigaciones realizadas en contra del grupo, de fiscales adjuntos, oficiales, alistados y subalternos vinculados a la sustracción de la droga en la Dican. La medida de coerción fue solicitada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, la cual se espera conozca hoy miércoles la solicitud consistente en un año de prisión preventiva.
La medida incluye al director y al jefe de Operaciones de la Dican, el coronel Carlos Fernando Valerio, y el teniente coronel Félix Humberto Paulino López, respectivamente; los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras Castro, contra quienes el ministerio público dice tener pruebas contundentes que los vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones, junto a otros implicados a los que ya le fueron emitidas órdenes de arresto.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Inicio de la investigación
Domínguez Brito explicó que la investigación se hizo a una solicitud del jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, para que se haga una pesquisa sobre la supuesta desaparición de una cantidad de sustancia controlada, en ese momento indeterminada, en la que se presumía había como implicados, tanto personal del ministerio público como del cuerpo del orden.
Destacó que de inmediato nombraron a dos procuradores generales para el inicio de las investigaciones, procediendo posteriormente a la ampliación de la comisión conforme se fue evidenciando la magnitud de los hechos denunciados.
De ese modo, explicó, pasó a encabezar la investigación el procurador adjunto Bolívar Sánchez Veloz, así como Daniel Miranda Villalona, titular de la Unidad de Antilavado, y el Procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Robert Rodríguez, junto a la fiscal Olga Diná, sumados a los que inicialmente trabajaron el caso, los magistrados Iván Lorenzo y José Alberto Jiménez.
De acuerdo a lo expresado por el jefe del ministerio público, las investigaciones han determinado que la alerta de la presencia de una sustancia en una casa en el Ensanche Isabelita, el 27 de septiembre pasado, la produce alegadamente un mayor de la Policía, quien suministra la información al fiscal Máximo Díaz Ogando, quien a su vez se comunicó con el jefe de operaciones de la Dican, procediendo a conformar el equipo que actuó en ese allanamiento.
Domínguez Brito sostuvo que las actas judiciales de allanamiento en este caso, donde se ocupó 950 kilos de cocaína, fueron completadas con informaciones falsas, y que no fue reportada para su proceso judicial ni mucho menos entregada a la cadena de custodia que debió transferir hasta el Inacif.
Indicó además que en las mismas se indicaba que no fue encontrado nada comprometedor y que la operación la habían ejecutado miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), LOScuales no actuaron en el mismo.
Expresó que la sustancia sustraída en esa operación fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados, tanto para los altos mandos policiales, como a los miembros del ministerio público.
